MARITZA

MADRID

"Nos fuimos con algo de ropa y no mucho más. La mayoría de las cosas se mantuvieron dentro. Mi casa es un sueño inalcanzable. Me he sentido muy sola. Sólo mi vecina nos ha ayudado realmente. Nadie más". Leer más


Maritza y su marido Darwin perdieron su empleo y, un año después de haberse comprado su vivienda, tuvieron que dejar de pagar la hipoteca. Resultaba imposible. El banco les demandó por impago. Decidieron abandonar la casa antes de que llegase la fecha del desalojo para ahorrarle sufrimiento a su hija Alexandra, de 11 años. Primero se fueron a casa de un familiar y luego alquilaron una habitación en un piso compartido. Unos meses después, una vecina les ofreció un piso en el que sólo tenían que pagar el agua y la electricidad. Todavía están allí, pero no saben por cuánto tiempo más. Su antigua casa permanece vacía desde 2009. Maritza lleva años en la lista de espera para tener acceso a una vivienda social , pero nunca la han llamado. La deuda que tiene con el banco es de, al menos, 120.000 €.

La recogida de firmas ha finalizado. Gracias a las más de 100.000 personas que han exigido al Gobierno que iniciase el proceso de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los jueces puedan evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo, caso por caso y que crease un mecanismo obligatorio para supervisar la negociación entre los bancos y las personas y asegurar que el desalojo es el último recurso después de haber explorado todas las alternativas.

La presente legislatura se va a cerrar sin haber conseguido que el Gobierno inicie estas reformas legislativas. Amnistía Internacional seguirá trabajando intensamente para exigir desde el inicio de la próxima legislatura que el Gobierno impulse estas dos medidas con el fin de mejorar las garantías de protección del derecho a la vivienda en España.

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