FRANCISCO

BARCELONA

"Desde que me di de alta como autónomo, no tengo derecho a prestaciones sociales. Pero, al no tener ingresos de ninguna clase, por mínimos que fueran, el banco se resistía a ofrecerme nada". Leer más


Así describe su lucha Francisco, que en 2006 obtuvo una hipoteca de 1350 € mensuales para una vivienda valorada en 206.000 €. Poco después, el trabajo en su modesto taller de imprenta comenzó a decaer y, en 2014, lo tuvo que cerrar. Pagar la mensualidad de la hipoteca se convirtió en algo imposible. Hoy, Francisco trabaja por cuenta propia y gana entre 400 y 600 € con los que viven él y sus dos hijos. Tras dos largos años de constantes negociaciones con el banco, Francisco ha conseguido alcanzar un acuerdo con ellos. La deuda contraída con el banco queda saldada mediante la dación en pago y podrá vivir con sus dos hijos en su hogar pagando un alquiler de 260 € mensuales.

La recogida de firmas ha finalizado. Gracias a las más de 100.000 personas que han exigido al Gobierno que iniciase el proceso de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los jueces puedan evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo, caso por caso y que crease un mecanismo obligatorio para supervisar la negociación entre los bancos y las personas y asegurar que el desalojo es el último recurso después de haber explorado todas las alternativas.

La presente legislatura se va a cerrar sin haber conseguido que el Gobierno inicie estas reformas legislativas. Amnistía Internacional seguirá trabajando intensamente para exigir desde el inicio de la próxima legislatura que el Gobierno impulse estas dos medidas con el fin de mejorar las garantías de protección del derecho a la vivienda en España.

 

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