AINHOA

BARCELONA

"En mi caso, la hipoteca se convirtió en un callejón sin salida. Si hace falta, echaré abajo de una patada la puerta de un piso que sea propiedad de un banco. No me dejan otra elección". Leer más


Ainhoa tenía un trabajo fijo en una tienda de decoración. Decidió comprar una vivienda y sus padres fueron los avalistas. Años después, se quedó sin trabajo y llegó un momento en el que pagar la hipoteca era simplemente imposible. Ella, su marido y su hija de mes y medio tenían que sobrevivir con 900 € al mes. Y la mensualidad de la hipoteca había ascendido a 1.100 €. Comenzó la negociación con el banco. Los padres, mayores y enfermos, eran los "avalistas", es decir, los que debían pagar al banco o entregar su vivienda si Ainhoa no lo hacía. Finalmente, en enero de 2015, el banco les hizo una oferta: entregar la vivienda al banco y quedarse con una deuda de 4.500 €. Ainhoa cuenta que ha perdido 30 kilos desde que dejó de pagar la hipoteca en septiembre de 2013. La oferta del banco podría aliviar el problema de la deuda, pero si les desalojan, ella y su familia se quedarían en la calle.

La recogida de firmas ha finalizado. Gracias a las más de 100.000 personas que han exigido al Gobierno que iniciase el proceso de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los jueces puedan evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo, caso por caso y que crease un mecanismo obligatorio para supervisar la negociación entre los bancos y las personas y asegurar que el desalojo es el último recurso después de haber explorado todas las alternativas.

La presente legislatura se va a cerrar sin haber conseguido que el Gobierno inicie estas reformas legislativas. Amnistía Internacional seguirá trabajando intensamente para exigir desde el inicio de la próxima legislatura que el Gobierno impulse estas dos medidas con el fin de mejorar las garantías de protección del derecho a la vivienda en España.

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