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EJECUCIÓN DE MENORES
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Irán, como Estado Parte en el «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» y en la «Convención sobre los Derechos del Niño», tiene la obligación internacional y el compromiso de no ejecutar a personas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado en ese país al menos 28 ejecuciones de personas que entraban en esa categoría desde 1990. En 2007, Irán, Arabia Saudí y Yemen eran los únicos países del mundo que seguían ejecutando a personas por delitos cometidos cuando eran menores. Irán ha ejecutado en lo que va de año a seis menores en el momento del delito: El 22 de abril de 2007 Mohammad Mousavi fue ahorcado en la ciudad de Shiraz por un asesinato cometido cuando tenía 16 años. Según informes, no se notificó a sus familiares la ejecución. Sa'id Qnabar Zahi, de 17 años, fue ahorcado el 27 de mayo en la prisión de Zahedán. Fue condenado a muerte junto a otros seis hombres, todos pertenecientes a la minoría baluchi de Irán, al parecer por la vinculación de su familia con los presuntos autores de un atentado con explosivos cometido el 14 de febrero en Zahedán contra un autobús en que el viajaban miembros de la Guardia Revolucionaria y en el que murieron al menos 14 personas. Según informes, algunos de los acusados "confesaron" bajo tortura. Babak Rahimi, de 23 años, fue ejecutado el 17 de octubre en la prisión Evin de Teherán. Había sido condenado a la pena capital por la muerte por asfixia de su compañero de habitación en enero de 2002. Hossein (se ignora el apellido) fue ejecutado el 17 de octubre en la prisión de Evin de Teherán. Fue declarado culpable del asesinato de otro hombre en 2004. Mohammad Reza Turk, de 18 años, fue ejecutado el 15 de noviembre tras ser declarado culpable de un asesinato cometido en noviembre de 2005, cuando él tenía 16 años. Makwan Moloudzadeh, de 21 años, fue ejecutado el 4 de diciembre por la presunta violación de tres individuos, ocurrida cuando él tenía 13 años. Makwan fue condenado a muerte en un juicio con graves deficiencias ya que las presuntas víctimas retiraron su denuncia durante el juicio y declararon que anteriormente habían mentido o habían sido obligadas a "confesar". El 14 de noviembre se ordenó el aplazamiento temporal de la ejecución a fin de investigar de nuevo el caso pero parece ser que en esta revisión no se encontró ninguna irregularidad. Las autoridades iraníes llevan varios años estudiando la posibilidad de aprobar legislación que prohíba aplicar la pena de muerte por delitos cometidos cuando la persona era menor de 18 años. Según los informes recibidos, el Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley para la creación de tribunales especiales de menores hacia mediados de 2006, pero el Consejo de Guardianes, facultado para vetar las decisiones parlamentarias que considera incompatibles con la ley islámica, aún no ha dado su visto bueno. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó a Irán en enero de 2005 a suspender de inmediato todas las ejecuciones de personas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años y a abolir la aplicación de la pena capital en tales casos. El 9 de diciembre de 2005, Philip Alston, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, manifestó lo siguiente: «En un momento en que prácticamente todos los demás países del mundo han renunciado firme y claramente a la ejecución de personas por delitos cometidos siendo menores, el enfoque iraní resulta especialmente inaceptable [...]. Y resulta aún más sorprendente porque la obligación de abstenerse de esas ejecuciones no es sólo clara e incontrovertible, sino también porque el propio gobierno de Irán ha declarado que cesará esta práctica».