Más de la mitad del muro está ya terminada. Las autoridades israelíes afirman que el motivo de la construcción es evitar que entren en su territorio miembros de los grupos armados palestinos, armas y explosivos procedentes de Cisjordania.
Amnistía Internacional condena firmemente los ataques de grupos armados palestinos contra Israel. Pero estos ataques no pueden ser excusa para la construcción de un muro ilegal que viola los derechos humanos.
El muro/valla está causando y causará un daño grave a largo plazo en la vida de los palestinos ya que mina su posibilidad de habitar docenas de pueblos y comunidades, lo que supone un grave deterioro de sus derechos humanos. El 80% del muro está construido dentro del territorio ocupado de Cisjordania, aislando entre sí a comunidades y familias. Separa a los campesinos de sus tierras y a los palestinos de sus lugares de trabajo, centros educativos y de salud y otros servicios esenciales.


Construido de norte a sur y a través de parte de Jerusalén, cuando esté terminado el muro/valla medirá 700 kilómetros de largo y entre 50 y 100 metros de ancho. Es una estructura compleja que incluye alambradas de espino, zanjas, zonas de arena fina para detectar huellas, torres de vigilancia, caminos asfaltados a cada lado para permitir patrullar a los tanques, así como zonas adicionales de defensa y áreas restringidas de diversa profundidad. El diseño del trazado responde al objetivo de rodear los más de 50 asentamientos israelíes donde vive un 80% de colonos, incluyendo extensas áreas de tierra alrededor de ellos. Esto creará una continuidad de los asentamientos con Israel mientras separa dicha zona del resto de Cisjordania.
A pesar de ello, está previsto que el muro mida 700 kilómetros. La diferencia, apreciable en el mapa, se debe a que el muro se interna dentro del territorio de Cisjordania para incorporar las localidades y terrenos palestinos ocupados por los colonos israelíes.
El muro es parte de un sistema de unos 550 controles y bloqueos que han levantado las autoridades israelíes para controlar a la población de 2 millones de palestinos dentro de este territorio.

Según el último plan de 2006, cuando el muro esté terminado:
El caso fue remitido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que, en su opinión consultiva de julio de 2004, determinó que la valla/muro violaba el derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
La CIJ concluyó que Israel debía detener la construcción del muro dentro de los Territorios Ocupados, desmantelar las secciones ya construidas allí y reparar el daño causado. El gobierno israelí rechazó las recomendaciones de la CIJ.

Varios fallos emitidos por el Tribunal Superior de Justicia israelí desde 2004 han dispuesto que las autoridades israelíes deben introducir modificaciones menores a determinadas secciones de la ruta de la valla/muro. Sin embargo, incluso estos cambios menores no han sido puestos en práctica.
Amnistía Internacional considera que la construcción de la valla/muro constituye una violación del derecho internacional y está contribuyendo a la comisión de graves violaciones de derechos humanos. La necesidad legítima de Israel de garantizar sus fronteras e impedir el acceso a personas que pueden suponer una amenaza no justifica el levantamiento de una valla/muro dentro de los Territorios Ocupados. Las medidas de seguridad, incluido el levantamiento de la valla/muro, podrían llevarse a cabo en el territorio israelí a lo largo de la Línea Verde, frontera reconocida internacionalmente entre el Estado de Israel y la Cisjordania ocupada.