Tibet
El pasado 10 de marzo de 2008, cuando se cumplían 49 años del alzamiento fallido tibetano de 1959 contra la dominación china, comenzó una oleada de protestas de la población que sacudió el Tíbet y las zonas tibetanas vecinas. La respuesta a estas protestas por parte de las autoridades chinas consistió en una de las mayores operaciones militares y de seguridad emprendidas en la región en años, en la que participaron miles de soldados, agentes de policía y miembros de otras unidades de seguridad de élite.
Amnistía Internacional ha condenado la violencia dirigida contra individuos y propiedades chinos de etnia han en el Tíbet y reconoce el derecho y el deber de las autoridades chinas de proteger a todas las personas frente a los ataques, incluidas aquellas que corren peligro de ser escogidas como víctimas únicamente a causa de su identidad étnica.
Sin embargo, las autoridades han ido mucho más allá de la necesidad de restablecer el orden, y se han recibido informes de detenciones masivas generalizadas y de uso de fuerza excesiva, en algunos casos letal, contra manifestantes. Según el Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia, las fuerzas de seguridad chinas han matado a cerca de 120 manifestantes tibetanos, mientras que el gobierno del Tíbet en el exilio estima la cifra en más de 200. Hasta la fecha, las autoridades chinas no han revelado todos los datos relativos a las personas fallecidas, heridas o detenidas por las fuerzas de seguridad en relación con las protestas. A excepción de algunas giras para periodistas y diplomáticos, organizadas por instancias oficiales, a los informadores se les ha impedido de hecho el acceso a la región, lo que evitó que el mundo exterior hiciese un seguimiento de las acciones de las autoridades y confirmase o desmintiese esas cifras. Este “cierre” de la región a los periodistas extranjeros va en contra de la supuesta libertad de información antes y durante los Juegos prometida por las autoridades Chinas de cara a las Olimpiadas. La honda discrepancia entre las informaciones facilitadas por el gobierno chino y las fuentes tibetanas pone de manifiesto la necesidad de una investigación independiente.
Según afirmaron en junio de 2008 las autoridades chinas, 1.315 fueron detenidas durante los disturbios, 42 de ellos condenadas. Otras 116 están bajo custodia en espera de juicio, pero las autoridades no han facilitado sus nombres, su paradero o los cargos presentados en su contra.
La policía y las fuerzas de seguridad han confiscado teléfonos móviles, ordenadores y demás equipos electrónicos de comunicaciones en cientos de registros en monasterios de monjes y monjas y domicilios privados. Además, los particulares se arriesgan a ser detenidos y encarcelados por transmitir al exterior cualquier tipo de información sobre las protestas y la represión.
Amnistía Internacional pide entre otras recomendaciones a las autoridades Chinas que permita el acceso a expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y otros observadores independientes para que investiguen la situación de los derechos humanos en la región, permita el acceso sin trabas de los periodistas a las zonas afectadas, ponga de inmediato en libertad incondicional a las personas detenidas únicamente por participar en protestas pacíficas y de explicaciones sobre todas las personas que han muerto, han resultado heridas o han desaparecido y sobre todas las que han sido detenidas, indicando sus nombres, su paradero y los cargos presentados contra ellas.